El director general de la sociedad estatal Acuamed, Adrián Baltanás, confirma tras la presentación de la campaña ‘El mar, fuente inagotable de vida’, que la nueva desalinizadora Alicante II, en la que se han invertido 81 millones de euros, ‘entrará en servicio dentro de dos meses y aportará otros 24 hectómetros cúbicos de agua anuales a la Mancomunidad de Canales del Taibilla’, entidad que se encarga del suministro de agua potable a 76 municipios de la mitad sur de la provincia de Alicante, Murcia y Almería.
La inauguración de esta planta tiene bastantes posibilidades de coincidir con el inicio de las obras de otra nueva desalinizadora, la de Mutxamel/El Campello, pues según recordó Baltanás, ‘ya está licitada y es muy probable que empiece a construirse en febrero o marzo’. Esta planta aportará inicialmente 18 hectómetros cúbicos anuales, ampliables a 28. La inversión prevista asciende a 55 millones de euros.
Un 40 por ciento de la población alicantina ya se abastece con agua desalada, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, pero ese porcentaje se va a incrementar con creces en los próximos dos años, ya que en 2009 está prevista la entrada en servicio de tres nuevas plantas que suministrarán caudales para consumo humano y también para regadíos.
Además de la nueva desalinizadora Alicante II y la de Mutxamel/El Campello, el principal proyecto es el de Torrevieja, que con una capacidad para producir 80 hectómetros cúbicos anuales (ampliables a 120) será la más grande de Europa.
La mitad de los caudales que genere esta desalinizadora serán para el suministro urbano de los municipios a los que abastece la Mancomunidad de Canales del Taibilla y la otra mitad está previsto destinarla al regadío, aunque todavía está por ver si el precio que se fija lo pueden asumir los agricultores. Si al final descartaran convertirse en usuarios, se destinarían todos los caudales a consumo humano.
El Consell intentó, sin éxito, paralizar el proyecto en los tribunales, que desestimaron su petición. Pese a que los trabajos siguen su curso, la Generalitat se niega a dar la autorización para que la planta pueda verter la salmuera (el agua de rechazo) al mar, por lo que la resolución del conflicto queda aplazada hasta el final de la obra.
Otro de los proyectos pendientes es la desalinizadora de la Vega Baja, la primera en España que abastecerá exclusivamente a regadíos, en este caso a la Comunidad de Regadíos de Levante. Aunque los estudios previos de esta planta aún no han finalizado, Baltanás ha dado por seguro que la ubicación definitiva será en Guardamar del Segura. ‘Lo único que falta por concretar es el lugar exacto, pero las alternativas son mínimas y están muy próximas unas de otras, todas en este municipio’. La planta producirá un caudal de 30 hectómetros cúbicos al año.
Algo más adelantados van los trámites de la desalinizadora de Dénia, donde parece que las polémicas surgidas por las diferentes ubicaciones elegidas para las instalaciones están dando sus últimos coletazos. El director general de Acuamed apuesta como ubicación definitiva por la zona de Racons, ya que ’su impacto es menor porque las conducciones aprovechan el paso que se va a abrir con el gasoducto y además tanto la toma de agua como la del vertido se harán directamente en el mar’.
Junto a las instalaciones de nueva construcción también se contempla la posibilidad de ampliar la de Xàbia, que es de propiedad municipal. Un nutrido grupo de concejales socialistas encabezado por su portavoz, Etelvina Andreu, así como la subdelegada del Gobierno, Encarna Llinares, han acompañado a Baltanás durante un acto en el que tampoco faltaron las valoraciones políticas.
Tanto Llinares como Baltanás coinciden en señalar la importancia realizar ‘campañas informativas rigurosas sobre un recurso que garantiza agua llueva o no llueva’, en contraposición a las que realiza el PP. ‘Los voceros de Rajoy crean una alarma injustificada contra unas desalinizadoras que no contaminan, como lo demuestra que las impulsa un Ministerio cuya razón de ser es la protección del medio ambiente y además tienen financiación europea, que antes de aportar fondos a cualquier proyecto exige por encima de todo que sea respetuoso con el entorno’, recalca Llinares.
