Nunca, al menos desde que lo miden los meteorólogos (1947), llovió tan poco en España como entre septiembre de 2004 y agosto de 2005, en el arranque de la legislatura que ahora acaba. Aún hoy, los sistemas hídricos de varias comunidades están al límite. “Pedimos a los ciudadanos un último esfuerzo, las desaladoras funcionarán a pleno rendimiento el próximo año”. Son palabras de agosto de 2006, pero el director general del Agua, Jaime Palop, las ha repetido en sus múltiples visitas al litoral mediterráneo, la zona más sedienta, como un mantra para espantar el fantasma de la sequía, una amenaza habitual esta legislatura. La apuesta por las desaladoras es la novedad más visible de la política de agua del Gobierno. Y también la más polémica. La noticia en otros webs webs en español en otros idiomas El plan, que lleva cierto retraso, es el más ambicioso de Occidente “El programa AGUA se está yendo a pique”, opina el catedrático Llamas La decisión de cancelar el proyecto de trasvase del Ebro del PP condicionó el nacimiento del programa AGUA del Gobierno socialista y muchos expertos ven en esta circunstancia su pecado original. El programa tiene en la puesta en servicio, ampliación y construcción de 36 desaladoras una de sus medidas básicas para satisfacer las necesidades de agua de las cuencas mediterráneas. Los que exigen la resurrección del trasvase insisten en el coste energético de las desaladoras y sostienen que su precio es prohibitivo para los regantes. Los que defendieron la cancelación del trasvase, creen que el Gobierno ha cedido a la presión mediática en su planificación, critican las subvenciones en el precio a los regantes y temen que problemas de sobredimensionamiento como el de Carboneras -la mayor desaladora en servicio funciona al 15% de su capacidad-, se repitan. “La desalación es útil, lo que es un error es encomendar a las desaladoras la solución del problema del agua”, opina Francisco Cabezas, director del Instituto Euromediterráneo del Agua. Cabezas, que fue subdirector de Planificación Hidrológica con el Gobierno del PP, mantiene que un trasvase atendería mejor y con menos coste energético las necesidades de los regantes: “El precio del agua desalada lo van a poder pagar las ciudades, pero no los agricultores. Eso tiene implicaciones territoriales claras”. El excesivo coste energético de la desalación es una crítica habitual al sistema y el apelativo de “electricidad embotellada” ha hecho fortuna. “El gasto en electricidad por metro cúbico desalado ha disminuido mucho y aún hay margen para algún recorte adicional”, rebate Antonio Estevan, de la consultora medioambiental Gea21. Estevan pertenece a la Fundación Nueva Cultura del Agua, que se significó por su oposición al trasvase del Ebro y su respaldo a los planes del Gobierno. Pero su visión sobre las desaladoras ha cambiado. Estevan presentará en un foro de expertos organizado por el Ministerio un estudio sobre las desaladoras en el que se critica que se hayan puesto en marcha varias plantas sin contratos cerrados que garanticen la compra de agua a un determinado precio. El informe relaciona esta práctica con cesiones del Gobierno a la presión social tras la derogación del trasvase. Y advierte de que puede haber problemas para colocar el agua que se desale y, por tanto, para que las plantas trabajen a plena capacidad, lo que dispararía los costes. “El programa AGUA se está yendo a pique”, abunda Manuel Ramón Llamas, catedrático emérito de Hidrogeología y uno de los expertos más reputados en esta materia. Las críticas de Llamas, que también pertenece a la fundación, se centran en los escasos avances del Gobierno en hacer pagar a los regantes, que consumen más del 80% del agua, el coste del abastecimiento. “Las desaladoras son una solución tecnológica interesante, pero se está volviendo a vulnerar el principio de que todos los usuarios paguen el mismo precio, no entiendo por qué los demás tenemos que seguir subvencionando a regantes que van en Mercedes”. Llamas cree que tampoco ha habido avances significativos en el control de las aguas subterráneas de las que se nutren los agricultores del litoral mediterráneo con costes mínimos y, en muchos casos, sin autorización administrativa. La perspectiva de los regantes es bien distinta. “El Ministerio quiere que aceptemos pagar 36 céntimos de euro por metro cúbico y, que si no necesitemos el agua, paguemos 25 céntimos para compensar el parón de la planta. No podemos asumirlo”, afirma Francisco del Amor, presidente del sindicato central de regantes del Tajo-Segura. El sindicato, que representa a los propietarios de 130.000 hectáreas de riego en Murcia, firmó con Medio Ambiente un “compromiso de buenas intenciones” para comprar agua de la desaladora de Torrevieja, ya en obras. Un precio de 36 céntimos por metro cúbico es un precio subvencionado, ya que las empresas del sector estiman que el coste real está entre 50 y 70 céntimos por metro cúbico, que es lo que sí pagan las poblaciones que se abastecen de agua desalada. Pero para los regantes del Tajo-Segura es mucho: el agua del trasvase les sale a 10 céntimos y la de sus pozos, gratis. “Podemos pagar eso por el agua desalada en situaciones puntuales, pero no comprometernos a comprar agua todas las campañas”, añade el presidente del sindicato de regantes. A la posibilidad de que los regantes no vayan más allá de sus “buenas intenciones”, se suman los cálculos de los que creen que la demanda de agua urbana que saciarían las desaladoras están hinchados, no toman en cuenta que muchas zonas del litoral pierden población en temporada baja o anticipan planes de expansión residencial de dudosa ejecución. “Se están produciendo aumentos de oferta sin sentido, se incentivan desarrollos urbanísticos insostenibles”, asegura Guido Schmidt, de la organización ecologista WWF-Adena. El estudio de Estevan sí da argumentos a los que defienden la mejora en la eficiencia energética de la desalación. Según sus cálculos, la emisión de dióxido de carbono de las desaladoras, cuando se terminen las previstas en el programa AGUA, será equivalente a un millón de toneladas de C02, apenas el 0,25% de las emisiones totales en España. Y añade un estudio comparativo entre los costes de un trasvase (el Tajo-Segura) y una desaladora en la única localidad (Alicante) en la que ambas técnicas conviven: el coste energético de poner el agua en la casa de un alicantino resulta menor con la desalación que con el trasvase. “En el tema de las desaladoras, el ministerio se tiene que defender de dos frentes, los que exigen el agua que prometía el trasvase y los que pensamos que hay que insistir más en el ahorro, el reciclaje y el control de la demanda, el equilibrio es complicado”, concede Schmidt. En la antesala de la campaña electoral y con la sequía volviendo a amenazar esta primavera en varias comunidades, el retraso en el despliegue de las desaladoras da más aire a la polémica. Tras varios retoques al programa AGUA, se pusieron en servicio cuatro grandes desaladoras ya construidas, y se programaron cinco ampliaciones y la construcción de 17 nuevas plantas. Además de estas 26 desaladoras en el litoral mediterráneo, se han añadido ocho plantas más en Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares. El Ministerio de Medio Ambiente calcula que estas 34 desaladoras sumarán una capacidad de 713 hectómetros cúbicos. Pero los vaticinios sobre los plazos fallaron: hasta 2007, año en el que se estimó que estarían todas operativas, sólo se habían puesto en marcha dos ampliaciones en Alicante y Murcia y las plantas de Ceuta y Melilla. Medio Ambiente rehusó atender a este periódico para explicar las razones del retraso. A nadie escapa la dificultad de poner en pie el más ambicioso plan de desalación que se acomete fuera de Oriente Próximo, con una inversión de casi 2.000 millones de euros. Pero hay más razones. Y la animadversión a los planes del Gobierno en las comunidades que esperaban el trasvase del Ebro no es ajena a ellas. El PP ha puesto en la Comunidad Valenciana multitud de problemas al despliegue de las desaladoras. “No podemos admitir que se haya eliminado el trasvase del Ebro y se nos ofrezca como alternativa las desaladoras”, reitera el consejero de Medio Ambiente valenciano, José Ramón García Antón. El dirigente popular sostiene que las desaladoras son una medida “puntual”, pero que no garantizan el agua que necesita la “productiva agricultura mediterránea”. Los populares valencianos han repetido estas ideas para argumentar trabas administrativas -como las que retrasaron las obras de la desaladora de Torrevieja, que será la mayor de Europa- o en campañas publicitarias que reivindican la resurrección del trasvase del Ebro. Aunque aquí no han encontrado un respaldo nítido de la dirección nacional del PP, preocupada por la falta de votos en Cataluña y Aragón, radicalmente opuestas al trasvase. Pese a todo, la desalación, como obra hidráulica que permite garantizar suministros de agua en un periodo no demasiado largo -se tarda menos de dos años en construirlas- gana adeptos entre los gobiernos que deben lidiar con la sequía. A la tradición de los países de Oriente Próximo o Australia, se unen ahora los encargos de países del Norte de África, EE UU o China, captados en muchos casos por empresas españolas. Y aquí, la Generalitat acaba de anunciar que pretende triplicar antes de 2010 la desalación ya prevista para Cataluña en el plan AGUA.
